• Por último, hay que desarraigar el concepto de la enseñanza gratuita –insisto-, por que la pagan todos los ciudadanos. Y quienes se benefician de ella deben saberlo y sentirse en deuda. Cada estudiante debe por lo menos expresar un compromiso con esa educación que le paga la sociedad: estudiar, comportarse con respeto, hacer donaciones de dinero cuando puede o en trabajo. No es ético desertar cuando a uno se le canta y ni siquiera dar las gracias por los servicios recibidos.

• La Constitución de 1853, sensibilizada por las dramáticas consecuencias que tuvo el otorgamiento de poderes extraordinarios a Juan Manuel de Rosas, estableció –sin cortapisas- que incurrían en el delito de infames traidores a la patria quienes en el futuro concedieran esas facultades al poder Ejecutivo. Según el Código Penal, el castigo es la prisión por diez años o perpetua si existiesen otros agravantes. Sin embargo, esta cláusula contra el otorgamiento de poderes ordinarios fue olvidada en forma repetida a lo largo de nuestra vacilante historia. El abandono del buen camino también cosechó espinas en este rubro. ¿Por qué?